Por una Europa de las personas: el fracaso de las políticas de vivienda en Europa

El fracaso de las políticas de vivienda en Europa ha determinado la existencia de ciudades violadoras de derechos sociales legalmente reconocidos, acaparadoras rapaces de los espacios, los suelos y los territorios, de los recursos naturales y de los bienes comunes. Productoras de una crisis sistémica, ecológica, alimentaria y urbana, agravada con la crisis que empeora dramáticamente la vida de millones de personas, excluidas de una vivienda y de un hábitat digno, seguro, y bajo amenaza de marginalidad y miseria. Por todo ello denunciamos:

El rol jugado por la TROIKA proponiendo alianzas que subordinan a los estados y a las autoridades locales al negocio privado y al mercado especulativo, entregando las llaves de las ciudades y los pueblos a quien las quiera usar para traficar con el suelo y las viviendas de la gente, con la falsa promesa de ofrecer recursos financieros para salir de la crisis de la deuda; forzando, además, la priorización del pago de la deuda externa frente a las políticas sociales y los derechos de las personas;
La participación activa de la Europa de los mercaderes, desde el Banco Central Europeo hasta la gran banca privada centroeuropea, financiando la burbuja inmobiliaria y aceptando las cedulas hipotecarias como avales-colaterales en la financiación de los bancos dedicados a los negocios hipotecarios, además de sostener un sistema de engaño llamado EURIBOR;
La exclusión de la agenda oficial de temas candentes como los desahucios y el derecho a la ciudad y a la vivienda basados en los principios de la gestión democrática y la suficiencia financiera;
Los intereses de las empresas que han convertido el derecho a la vivienda en una mercancía y en un mecanismo de especulación financiera;
El ensañamiento con las víctimas de la crisis, los estafados por las sobretasaciones de las hipotecas y los alquilados que, precarios o sin trabajo, no solo pierden su vivienda sino que, como es el caso de España, se les mantiene esclavizados de por vida mediante una deuda ficticia producida por la distorsión de los precios mediante la sobretasación de los inmuebles y por los intereses desmedidos de los especuladores financieros;
El desmantelamiento y privatización de los parques públicos de vivienda en alquiler;
Los desalojos y derrumbes de vivienda informal sin alternativa habitacional, utilizados como política de acoso a las poblaciones;
La criminalización de los desahuciados y de quienes luchan por el derecho a la vivienda y por la recuperación de los bienes comunes, mediante el acoso y la persecución permanente a sus movilizaciones, abusivas identificaciones policiales y multas, cuando no de maltratos y detenciones.

Dentro de las políticas económicas de los sucesivos gobiernos españoles, el impulso de la construcción de viviendas ha sido una constante que ha influido de manera perversa sobre la formación de la estructura del parque actual. En todos los planes de vivienda aprobados los objetivos pretendidos por parte de los diversos gobiernos tienen doble naturaleza: por un lado, se presentan como la forma de satisfacer la demanda social existente, paliando la necesidad de vivienda; por otro, este propósito va siempre acompañado de objetivos económicos globales ajenos a la política de vivienda. A lo largo de los últimos 30 años las decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos transformaron profundamente la estructura del parque de viviendas y, a pesar del tiempo transcurrido, siguen definiendo la situación actual:

Se fomenta el acceso a la vivienda en propiedad.
No se crea un parque de vivienda social gestionado directamente por la administración pública o por entidades sin ánimo de lucro, sino que se pasa directamente a la construcción y venta directa de viviendas protegidas.
No se aprovecha el momento de recesión económica para afrontar el problema de la congelación de los alquileres, con el consiguiente deterioro del parque de viviendas.

Actualmente la SAREB (popularmente conocida como el “banco malo”), que se ha utilizado para estabilizar los precios de las viviendas (activos financieros) y sostener engañosamente los balances bancarios, se está quedando con las propiedades de los bancos con un descuento del 55%. Esto quiere decir que las hipotecas que la gente aún está pagando están infladas en ese 55%. Seguimos siendo estafados.

La vivienda es una necesidad esencial de las personas que debe ser satisfecha con criterios de igualdad y progresividad y no debe ser objeto de especulación. El suelo es un bien común que debe ser recuperado para su gestión corresponsable y transparente, bajo control y titularidad pública. Y la ciudad es un espacio y un territorio común que debe ser refundado bajo criterios de participación, corresponsabilidad, sostenibilidad y equilibrio ecológico, también bajo control y titularidad pública.

Es necesaria la realización de políticas públicas que garanticen el derecho humano a la vivienda digna y sostenible. Por ello exigimos la regulación inmediata del mercado inmobiliario, la paralización de los procesos de desahucio, la dación en pago, la reconversión de los pisos ejecutados y pisos vacíos en alquiler social, y todo ello con carácter retroactivo.

Porque no se puede criminalizar la protesta social y el derecho de las personas y organizaciones a defender sus conquistas y derechos, atropellados por las actuaciones gubernamentales. Porque se penaliza la ocupación de viviendas y lugares vacíos mientras que no se audita ni se persigue penalmente a los responsables de la estafa y las sobre tasaciones hipotecarias. Porque el modelo inmobiliario impulsado por políticos, banqueros y constructores nos ha llevado a la ruina. Porque el precio de la vivienda se ha inflado artificialmente mientras los salarios reales han caído. Porque la gente se queda sin casa y las casas se quedan sin gente. Porque no se puede permitir la especulación y el engaño con un derecho básico.

La mercantilización impuesta por los poderes políticos y económicos promueve una insuficiencia de recursos que podrían permitir un uso social y no especulativo del suelo y la vivienda, así como la anulación del saber hacer de las personas y la represión de toda forma de autogestión. Este modelo va en contra de la gestión democrática de la ciudad, impidiendo la participación directa de sus habitantes en la elaboración y control de las políticas urbanas y del presupuesto público. Se impulsan de este modo proyectos que tienen un impacto destructivo sobre la vida de los habitantes, como el de EUROVEGAS, que no vienen precedidos de los preceptivos estudios de impacto social y ecológico que podrían condicionar su desarrollo, obviando cualquier criterio de transparencia y participación posible. Y todo ello con una alarmante dejación en cuanto a las responsabilidades de las administraciones públicas en materia de inspección fiscal, laboral y urbanística.

Más que nunca se hace necesario evaluar y dar a conocer los diferentes aspectos que dentro de la política europea obstruyen el avance de los pueblos y ocultan el conocimiento de la realidad que nos apremia, fomentando el abstencionismo político y social. Es el tiempo de la lucha, de la movilización social y la convergencia de organizaciones y redes de habitantes en toda Europa por el derecho a la vivienda y la ciudad, por la recuperación y la gestión democrática, participativa y transparente de los bienes comunes.