La nueva Lei de Vivenda de Galicia incorporará un nuevo régimen de “copropiedad” con la Xunta, según el cual el comprador de una Vivienda de Promoción Pública (VPP) adquirirá un mínimo del 60% del inmueble, para hacerse posteriormente con el resto de la propiedad. De esta forma, “se facilitará” el acceso a la vivienda con el pago de cuotas más reducidas de lo que supondría comprar la totalidad del inmueble.
Así lo explicaron ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que dio el visto bueno a una norma que también incorpora otras categorías nuevas de viviendas de promoción pública, como las concertadas y las denominadas de inserción o asistenciales.
Hernández asegura que el proyecto de ley protege a los compradores “de buena fe” afectados por pisos declarados ilegales
Hernández destacó que la ley tiene “una profunda inspiración social” y explicó que se regula la publicidad e información en la oferta de viviendas, así como la cantidad máxima que se pagará como reserva de vivienda, que se fija en el 1% de su precio. Asimismo, se regula la posibilidad de aplazar el pago de una VPP en “circunstancias económicas especiales”, así como el alquiler con opción a compra.
El conselleiro también destacó que el proyecto de ley protege los derechos de los adquirientes de viviendas “de buena fe” afectados por actuaciones administrativas declaradas ilegales y que obligan a la demolición de un inmueble. Así, el titular tendrá derecho a residir en su casa hasta que finalice el procedimiento de responsabilidad patrimonial y se ponga, de ser el caso, a disposición de los perjudicados, una indemnización.
Otra de las novedades de la norma es que se crea el Registro de Promotores de Galicia. La inscripción será necesaria para todos los promotores que quieran desarrollar su actividad en Galicia, pero el registro será meramente informativo y recogerá los datos básicos sobre la personalidad y solvencia del promotor, las obras ejecutadas, posibles sanciones administrativas y sentencias judiciales, entre otras. Feijóo y Hernández incidieron en que la ley es “clarificadora” y elimina la confusión entre promoción pública y promoción privada que, a su entender, existía en el texto aprobado en 2008 por el bipartito.
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