COMUNICADO DE ATTAC MADRID ANTE LA NACIONALIZACIÓN DE LA CAM

Ante la intervención del Banco de España en la Caja del Mediterráneo (CAM) con una inyección de capital de 2.800 millones y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días, ATTAC exige que el organismo regulador cambie las políticas respecto a la vivienda de dicha entidad.

La mala gestión de la entidad ha llevado a la CAM a una situación que solo puede solucionarse mediante la aportación de esa enorme cantidad proveniente del bolsillo de los ciudadanos. Una morosidad del 9,47% ha tenido como consecuencia que la entidad posea, debido a los créditos fallidos, más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos vacíos.

Por ello y para que la gestión por parte de la Administración corresponda a la voluntad de la ciudadanía, ATTAC exige:

- Que se elabore un censo de la totalidad de los pisos vacios en que la CAM posea la titularidad. Aquellos pisos situados en entornos en los que existan problemas de acceso a la vivienda deberán ser gestionados como alquileres sociales. Nunca esos alquileres podrán suponer más de un 30% de los ingresos de aquellos que tengan derecho, en función de sus circunstancias, a acceder a dicha vivienda.

- Paralización inmediata de todas las ejecuciones judiciales de hipotecas que en este momento esté llevando a cabo la CAM en que estén involucradas personas y familias, que en el contexto de la crisis económica, se encuentren en paro o en situaciones de precariedad. Casos como el de María José y sus dos hijos, desahuciados con urgencia el pasado día 20 de julio por parte de esta entidad y condenados ahora a vivir en un garaje y soportar una deuda de por vida de más de 200.000 €, no pueden volver a repetirse en una Caja que recibe 2.800 millones de la sociedad. A partir de este momento la CAM debe aceptar la dación en pago y mantener a los afectados en su vivienda mediante el pago de un alquiler social.

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.